"A los ojos del cronista, revocar la concesión es un primer paso, tan imprescindible como insuficiente" señala Mario Wainfeld en esta nota. (foto DyN vía Página 12)
“La tragedia (de Once) evoca, con sus variantes que incluyen el lugar en que se produjeron, a la de Cromañón. Claro que, en ese caso, confluyeron responsabilidades de los músicos y del particular que arrojó la bengala. En éste, los pasajeros no influyeron para nada en el desenlace. Las responsabilidades que deben investigarse son las de la empresa TBA, el Gobierno y el motorman. Las primeras medidas solicitadas por el fiscal Federico Delgado no se circunscriben sólo a la dinámica del choque sino también a cuestiones de contexto como el estado del material rodante, las inversiones realizadas, los protocolos de seguridad utilizados. Adelantar algo en ese sentido es temerario y superfluo. La causa penal lo dirimirá y es esencial que se tramite con la mayor celeridad y credibilidad.
Pero hay un trasfondo político, responsabilidades de gestión del concesionario y del concedente, que debe abordarse de modo acuciante sin esperar a los largos plazos de los expedientes.
El ministro Julio De Vido anunció que el Estado se presentará como particular querellante para cobijar el interés de las víctimas y que se esperará a la Justicia para tomar decisiones administrativas. La información disponible al cierre de esta nota es que el Gobierno no aplicará (no se restringirá a) tal criterio, que el cronista juzga erróneo. La intervención a TBA y la caída de la concesión están en el menú de decisiones que se estudian en la Casa Rosada. A los ojos del cronista, revocar la concesión es un primer paso, tan imprescindible como insuficiente.
El estado querellante: La querella estatal está guiada, explican en el Gobierno, por el afán de ponerse del lado de los damnificados. El loable objetivo se cumplió acabadamente con los sobrios anuncios de los ministros Alicia Kirchner y Juan Manzur de prestar atención médico psicológica y contención a familiares de víctimas fatales y a sobrevivientes. La querella, en cambio, es un paso en falso por dos motivos básicos: agrega una quinta rueda al de por sí lento carro de “la Justicia” y hace caso omiso de que el Estado debe ser investigado. Por otra parte, el interés general está representado por el Ministerio Público (la Fiscalía). Y el estado no es una ONG que puede entrar a un expediente en el que todo debe ser puesto bajo la lupa. El juez federal Claudio Bonadío debería desestimar el planteo, lo que no resentiría en nada los derechos de los damnificados.
Las carencias de TBA, que para muchos son flagrantes, pueden implicar responsabilidades de funcionarios, nadie debe interferir en esa procura. Por cierto, la culpa penal es una mira muy estrecha: requiere comisión de delitos, usualmente dolosos. La responsabilidad de gestión es mucho más vasta, debe juzgarse de modo veloz y no rige para ella la presunción de inocencia.
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El mundo del transporte: Cada vez que se habla de los ferrocarriles es forzoso volver al desquicio que produjo el menemismo, desbaratando las redes construidas con el sacrificio colectivo, malvendiendo el patrimonio público. Restaurar el estado anterior es imposible, tanto como imperioso ir recuperando terreno. Esa es una de las misiones del kirchnerismo, que se presenta (con sobradas credenciales) como reparador de los retrocesos históricos de la dictadura y el neoconservadurismo.
La destrucción del sistema ferroviario impulsó el transporte terrestre de cargas y pasajeros. El desguace del Estado, los despidos masivos, la necesidad de subsistir incubaron formas de transporte “truchas”: remises, combis, colectivos, ómnibus. El crecimiento relativo del sector, dicho sea como digresión, fertilizó el aumento del poder relativo de los gremios del sector. El actual secretario general de la CGT, Hugo Moyano, comanda desde sus orígenes un conjunto de sindicatos básicamente de transporte (en su momento el Movimiento de Trabajadores argentinos). Eso no lo indujo a ser aquiescente con el modelo menemista, una virtud de su trayectoria.
Hoy día, el “sistema” de transporte está por debajo de las necesidades de los pasajeros, laburantes ellos. El intríngulis es previo y superior al caso específico de TBA. La política oficial, que hizo centro en la accesibilidad al servicio a través de la baratura del pasaje, es correcta en ese aspecto e insuficiente. En lo atinente a la empresa de Grupo Cirigliano es factible una respuesta veloz. Si no honró los deberes del concesionario debe rescindirse, por su culpa, el contrato. La dimensión económica es, en este rubro, secundaria. Así fuera muy costoso, debe hacerse y el Estado tendrá que rebuscárselas para conseguir los fondos necesarios”.
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