Nacionales, Derechos Humanos, 2 Abr (Télam).- Luciano Benjamín Menéndez, alias «Cachorro», ex jefe del III Cuerpo de Ejército cuya jurisdicción abarcaba Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis, Córdoba, Santiago del Estero y Tucumán, ostenta el tenebroso récord de ser, hasta el momento, el represor con más condenas a «prisión perpetua» por delitos de lesa humanidad.
Menéndez, comandante del III Cuerpo del Ejército desde septiembre de 1975 hasta septiembre de 1979, tuvo el control operativo de las Fuerzas Armadas y de Seguridad de la zona 3 y responsable de todos los centros clandestino de detención que funcionaron en las provincias que abarcaba el sector.
El represor no fue beneficiado por la Ley de Obediencia Debida y se hallaba inculpado en cerca de 800 causas, en 1988 fue procesado por 47 casos de homicidio, 76 de tormentos, 4 de ellos seguido de muerte y 4 sustracciones de menores, pero la Corte Suprema lo desprocesó entonces en conformidad con la Ley de Punto Final.
En 1990, el entonces presidente Carlos Menem lo indultó días antes de que se iniciara el juicio en su contra.
A mediados de 1998, se reabrió una causa penal por 30 fusilamientos y asesinatos de presos políticos cometidos en 1976 y Menéndez fue detenido por unos días, por negarse a declarar en esta causa, pero fue dejado en libertad a los pocos días.
Pero la justicia finalmente llegó, diez años después, al ser sentenciado en Córdoba, el 24 de julio de 2008, por los secuestros, torturas y asesinatos de Hilda Flora Palacios, Humberto Horacio Brandalisis, Carlos Lajas y Raúl Osvaldo Cardozo, miembros del Partido Revolucionario de los Trabajadores abatidos en un operativo montado por efectivos militares del Tercer Cuerpo en diciembre de 1977.
Luego le llegó el turno a la justicia tucumana, cuando el 28 de agosto -también de 2008- fue condenado por la desaparición del ex senador provincial justicialista Guillermo Vargas Aignasse, hecho ocurrido en 1976, en la madrugada del golpe de Estado.
Durante este proceso, también fue condenado Antonio Domingo Bussi, entonces jefe militar de Tucumán.
A fines de 2009 en Córdoba, Menéndez fue condenado por tercera vez por el secuestro, tortura y asesinato del comisario Ricardo Albareda, además por los secuestros, tormentos y lesiones graves a otros perseguidos políticos.
Los delitos que le fueron adjudicados son ‘privación ilegítima de la libertad calificada por tratarse de un funcionario público, agravada por el uso de violencia y por haberse cometido para compeler a la víctima a hacer, no hacer, o tolerar algo a lo que no estuviese obligada; imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima; lesiones gravísimas y homicidio calificado por ensañamiento, alevosía y por el concurso de una pluralidad de artícipes’.
El 18 de mayo de 2010, la justicia tucumana lo volvió a condenar por los padecimientos sufridos por 22 personas en el centro clandestino de detención que funcionó durante la dictadura militar en la ex jefatura de Policía.
El 22 de diciembre de 2010, la justicia cordobesa lo condenó por la muerte de 31 presos políticos alojados en la Unidad Penitenciaria San Martín (UP1) de la ciudad de Córdoba, ocurridos en 1976 aplicando la Ley de Fugas, además del secuestros y torturas en contra de un civil y cinco miembros del entonces Departamento de Informaciones Policiales (D2).
Los delitos que se le adjudicaron en la condena fueron de ‘privación ilegal de la libertad calificada por tratarse de un funcionario público, agravada por el uso de violencia, por durar más de un mes y por haberse cometido para compeler a la víctima a hacer, no hacer o tolerar algo a lo que no estuviese obligada.
También por ‘imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima, homicidio calificado por alevosía y por el concurso de pluralidad de partícipes, tormentos seguido de muerte y lesiones graves calificadas, todo en concurso real.
En este juicio, acompañó a Menéndez en el banquillo de los acusados el máximo responsable de la ex dictadura el entonces titular del Poder Ejecutivo Nacional, Jorge Rafael Videla.
La hasta ahora última condena la recibió el 23 de marzo de 2011, un día antes de recordarse los 35 años del golpe militar, cuando la justicia tucumana lo sentenció por considerarlo responsable de «homicidios doblemente agravados y violación de domicilio», en la denominada causa Romero Niklison, en la que se investigan los homicidios de cinco personas.
Las víctimas de ese hecho fueron María Alejandra Niklison, Fernando Saavedra, Juan Carlos Meneses, Eduardo González Paz y Atilio Bransen.
Menéndez tuvo la posibilidad de hablar antes de conocerse el fallo y desde el country de Yerba Buena, donde permanece alojado por razones de salud, defendió por videoconferencia la tesis de «una guerra» que viene sosteniendo en cada juicio que afronta.
Ahora, Menéndez deberá afrontar a partir del 4 de abril un nuevo juicio, esta vez en Salta, por el secuestro y desaparición de Miguel Ragone, ex gobernador de esa provincia.
Finalmente, el 4 de octubre, nuevamente en Tucumán, Menéndez será juzgado junto a Videla en el marco de la causa “De Benedetti”, en la que se investiga la muerte de Osvaldo De Benedetti, ocurrida en 1978.
También en octubre, para el 26, Menéndez deberá afrontar un juicio en Mendoza imputado en 12 causas por delitos de lesa humanidad, en el marco de un proceso oral que ya comenzó el 17 de noviembre pasado, pero que debió dividirse ya que el represor afrontaba un juicio en Córdoba.