
«La denuncia de la corrupción ha sido el argumento central para oponerse a todos los proyectos para democratizar, modernizar y agilizar la Justicia», plantea en esta nota Luis Bruschtein.
«Todas estas normas, las que quedaron del proyecto de democratización de la Justicia, la reforma pendiente del Código Penal, la reforma y unificación de los códigos Civil y Comercial y la actual reforma al Código Procesal Penal implicaron grandes procesos de debate con movimientos sociales, de género, pueblos originarios, sin tierra, campesinos, desocupados, estudiantiles, de derechos humanos, centrales obreras, asociaciones de profesionales y ONG, además de políticos de la oposición. Hubo cientos de audiencias públicas en todo el país, en un proceso inédito por la participación activa de la sociedad, con aportes sustanciales para discutir las leyes que ordenarán su vida. Los mismos políticos de la oposición hicieron aportes de los que después se desdijeron en público. No fue sólo el kirchnerismo, el debate se da incluso dentro de esa misma fuerza, donde hay disidencias, críticas y aportes. Cuando Lorenzetti habló del respaldo del mundo académico hacía referencia a ese proceso amplio de discusión que se eligió para elaborar estas normas por el cual la sociedad se empoderó y dio vida a una actividad legislativa. La actitud de la oposición ha sido mediocre. Para cuando finalice este gobierno el cuerpo de leyes más importantes que regulan la vida de los argentinos habrá sido transformado y modernizado por el kirchnerismo y tras esta callada pero gran movilización, la sociedad habrá incorporado como propio el derecho a intervenir transversalmente en el diseño de sus leyes».
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