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La Justicia sobreseyó a los responsables del canal Antena Negra

In Comunicación popular, Judiciales, Medios de Comunicación, Noticias on 27 octubre, 2015 at 12:01
En su presentación ante la justicia la Defensoría del Público alentó “la inmediata descriminalización de la comunicación, ya que la comunicación comunitaria, alternativa y popular no es un accionar delictivo". (foto enla vuelta.org)

En su presentación ante la justicia la Defensoría del Público alentó “la inmediata descriminalización de la comunicación, ya que la comunicación comunitaria, alternativa y popular no es un accionar delictivo”. (foto enla vuelta.org)

Nacionales, Comunicación Popular, Medios de Comunicación, 27 Oct (Télam).- El juez MARCELO MARTÍNEZ DE GIORGI sobreseyó a los responsables legales del Canal Comunitario Antena Negra tras una presentación de la Defensora del Público, Cynthia Ottaviano, que pidió despenalizar la causa abierta por presunta interferencia o interrupción de comunicaciones.

El magistrado sobreseyó a los responsables legales de la Cooperativa de Trabajo Antena Negra TV Ltda dado que el hecho investigado “no encuadra en una figura penal”, dejando sin aplicación toda medida tomada hasta el momento, informó hoy la propia Defensoría en un comunicado.

La causa se originó en una demanda de la empresa de seguridad privada Prosegur contra el canal comunitario Antena Negra por supuesta interferencia o interrupción de comunicaciones y el pasado 4 de septiembre derivó en el allanamiento de su sede de la avenida Ángel Gallardo 752, y el secuestro de sus equipos.

Dos semanas después, Martínez de Giorgi aceptó a la Defensoría del Público como Amicus Curiae por considerar que “resulta un aporte valorable para este tribunal” en el caso.

En la resolución el juez consideró que ese organismo “desalienta el uso de la justicia penal y recomienda la regularización de la situación conflictiva en la vía administrativa prevista por la LSCA (Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual), ya que se trata del uso del espectro radioeléctrico con fines de comunicación audiovisual para beneficio de las audiencias y no de telecomunicaciones”.

En ese sentido el magistrado instó a la resolución del conflicto por vía administrativa a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual y los organismos relacionados a la comunicación audiovisual.

La Defensoría del Público se involucró en la causa ya que “propicia la no criminalización de la comunicación y la creación de espacios de diálogo que favorezcan la solución de los conflictos, en el ejercicio del derecho a la comunicación”, indicó en un comunicado.

En ese marco, en su presentación ante la justicia alentó “la inmediata descriminalización de la comunicación, ya que la comunicación comunitaria, alternativa y popular no es un accionar delictivo”.

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