"La controversia con Fibertel habilita a ampliar el análisis a un tema eludido por analistas, funcionarios y fuerzas de la oposición: la estructura oligopólica del mercado de telecomunicaciones en el país".
«Una decisión administrativa dispuso la caducidad de la licencia que tenía Fibertel para brindar Internet y otorgó noventa días a los clientes de la firma para migrar hacia otro prestador. El argumento oficial fue que el grupo controlante disolvió esa sociedad en enero de 2009 y desde entonces brinda el servicio de manera irregular a través de la firma Cablevisión, sin tener la autorización del organismo regulatorio. Esa medida se terminará dirimiendo en Tribunales mientras se sigue desarrollando una intensa pelea política mediática. Un aspecto interesante de esa disputa, para quienes pueden transitarla con apasionamiento pero sin rencor cegador, es que descorre el velo de ciertas características del funcionamiento de grupos económicos poderosos en la prestación de servicios sensibles para la población. La motivación oficial para impulsar ciertas iniciativas se dirime en el terreno de batalla del poder político. En cambio, adquieren mucha más relevancia en relación con los cambios que provocan en la sociedad, en la comprensión de las estructuras del poder económico y, en especial, en las posibilidades que se abren para realizar transformaciones en áreas donde antes dominó la pasividad estatal. La controversia con Fibertel habilita a ampliar el análisis a un tema eludido por analistas, funcionarios y fuerzas de la oposición: la estructura oligopólica del mercado de telecomunicaciones en el país.
El argumento efectista es que la caducidad de la licencia de Fibertel favorece a las telefónicas y por lo tanto esa medida debe ser anulada. Quienes lo esgrimen no pueden ocultar, aunque lo intentan en forma torpe, que no les interesa debatir el sistema de telecomunicaciones sino que responden a los deseos del grupo económico dueño de medios de comunicación. Esa iniciativa administrativa que afecta a Cablevisión deja en evidencia la posición dominante que también ejercen las telefónicas. Y si el Gobierno aspira a lograr legitimidad social y política en ese emprendimiento estará obligado a intervenir en ese mercado. Sólo de ese modo podrá garantizar la prestación de Internet a través de otros proveedores sin que éstos sean cautivos de las telefónicas.
Si hasta ahora la administración kirchnerista se movió con cierta pasividad regulatoria en el rentable negocio de las telefónicas, ahora no tendrá opción si el objetivo es proteger al usuario del servicio de Internet y de telefonía. El nudo central de la necesaria y próxima disputa en ese campo será el costo de interconexión (tarifa de peaje) que los operadores deben pagar a las telefónicas para el uso de la red ya instalada para la trasmisión de voz y datos».
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El Ojo con Dientes 